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Nicaragua 1980-1986 : ¿hacia qué tipo de democracia?

Martí Puig, Salvador

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Martí Puig, Salvador

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Nicaragua 1980-1986: ¿hacia qué tipo de democracia? Salvador MARTÍ Universitat Autònoma de Barcelona Working Paper n.131 Barcelona 1997 A MODO DE INTRODUCCIÓN En el presente trabajo pretendemos analizar los diversos elementos que caracterizan la emergente democracia nicaragüense. En primer lugar (apartado A), haremos referencia a las políticas públicas ejecutadas desde el gobierno a partir de 1990 y que se enmarcan -aunque tardíamente- en la policy tradition que emana del Washington Consesnus. Posteriormente, (apartado B) observaremos el impacto de las políticas implementadas en los diversos colectivos y su reacción, así como (apartado C) el realineamiento de los actores políticos - enfatizando el conflicto acontecido en el seno del FSLN- frente a la nueva situación. En el cuarto (apartado D) observaremos la difícil consolidación de las “nuevas” instituciones y su rendimiento. El último apartado (E) es un botón de muestra (dícese estudio de caso) de los fenómenos analizados anteriormente: se trata de una breve reseña del polémico proceso electoral acaecido en octubre de 1996. Finalmente, a modo de conclusión, intentaremos trazar las características de la democracia nicaragüense. A. EL DESEMBARCO NEOLIBERAL O LA APLICACIÓN DEL WASHINGTON CONSENSUS Las primeras decisiones tomadas por la administración Chamorro revelaron tempranamente qué tipo de modelo económico perseguía el ejecutivo y quienes eran sus beneficiarios. Con la entrada de la Administración Chamorro se produjo en Nicaragua un policy change en materia social y económica hacia contenidos netamente fondomonetaristas, siguiendo las ya famosas directrices del Washington Consensus. Por una parte, las nuevas políticas se basaron en la captación de recursos externos para la importación masiva de bienes de consumo y para el pago de la deuda externa, en base a la cual el gobierno transfirió al exterior un total de 250 millones de dólares anuales -frente a los 75 destinados a la educación y sanidad. Por otro lado, se definieron estrategias privatizadoras y desreguladoras que confiaban a las fuerzas del mercado la reactivación interna, con algunas políticas de oferta y protección, pero sin programas integrales de apoyo al tejido productivo nacional. Finalmente, se redujo de forma drástica el gasto social en una ya contrastada combinación de valores ideológicos y argumentos técnicos, a saber, la necesidad de poner fin a las tensiones monetarias y reducir drásticamente los índices de inflación (Butler et al., 1995; Gomá, 1994:12-13). Las dinámicas y los resultados que tales políticas generaron pueden sintetizarse, a nivel macroeconómico, en un acelerado ensanchamiento de la brecha comercial, una fuerte caída del sector exportador y la incapacidad para generar crecimiento. Para los ciudadanos nicaragüenses los efectos de estas políticas significaron la continua pérdida de empleo, la informalización del trabajo, la contracción de la renta familiar disponible, y el incremento de la población que vive bajo condiciones de pobreza1. En este contexto, uno de los rubros más significativos de la economía nicaragüense durante ese lustro -al igual que el resto de países centroamericanosfue el de las remesas de dólares de los emigrantes a sus familiares (Vilas, 1994). Este doloroso mecanismo se convirtió en uno de los más recurridos en pos de la supervivencia y, en esta dirección, se acuñó la sarcástica expresión de aquellos que tienen fe -es decir, aquellos que viven (o sobreviven) gracias a las remesas que les envían sus familiares en el extranjero (f.e.). El gobierno de Violeta Chamorro representó el golpe de gracia definitivo al erosionado proyecto económico sandinista. En la configuración de la política macroeconómica éste se apresuró en diseñar e implementar un programa ortodoxo de estabilización y ajuste estructural que obtendría el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Americana de Desarrollo (USAID). Esta política se llevó a cabo en dos etapas diferenciadas; la primera, con un proyecto estrictamente ortodoxo -el Plan Mayorga o Mayorgazo-, y el segundo, con el mismo contenido pero más gradualista, el llamado el Plan Lacayo (Stahler-Sholk, 1995). El Plan Mayorga -que tomó el nombre del entonces presidente del Banco Central, Francisco (Panchito) Mayorgase inició en abril de 1990 y tomó como ejes centrales las propuestas presentadas en el programa político de la UNO durante la campaña electoral (UNO, 1990; Nicaragua, 1990). El primer objetivo del Plan fue reducir la inflación a cero en cien días a través de un duro programa de austeridad, combinado con la acuñación de una nueva moneda -el córdoba orofijada a la par del dólar. A la vez, se elaboró un programa de ajuste estructural y de privatizaciones que tenía como objetivo generar las bases para la rearticulación de una economía de agroexportación con unos índices de crecimiento estimados del 10% anuales durante el siguiente lustro (UNO, 1990:8). Si bien dicho Plan prometió compensaciones sociales (como la otorgación de créditos de emergencia, la creación de empleo y la ejecución de programas de seguridad social) en realidad se observó una erosión inmediata de los salarios, así como despidos masivos de trabajadores pertenecientes al sector público con la intención de desarticular uno de los bastiones de la base social sandinista: las centrales sindicales (Neira & Acevedo, 1992:4-6). Las medidas de dicho plan impactaron gravemente al tejido social al suponer una notable subida de los impuestos directos y de las tarifas de transporte público, fuertes recortes al crédito, y el inicio de la devolución de tierras afectadas por la Reforma Agraria. La respuesta de los sindicatos a dichas medidas fue la convocatoria a una huelga general que paralizó Managua llenándola de barricadas y dándole un aspecto semejante al del período insurreccional de finales de los setenta. Ante el clima de violencia generado, el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, abrieron una ronda de negociaciones que terminó en un acuerdo el 11 de julio de 1990, con la consiguiente disolución de las movilizaciones. De esta forma se iniciaron negociaciones en las que participaron representantes de la élite sandinista en pos del establecimiento de un pacto social y económico -la llamada Concertación I, firmada el 26 de octubre de 19902. Quedó claro, pues, que la posibilidad de estabilizar la economía y de generar crecimiento dependía de la capacidad de mantener la paz social (FNT, 1991). A finales de 1990 -una vez presentada la dimisión del presidente del Banco Central, Francisco Mayorgase preparó un nuevo paquete de medidas económicas por parte de los tecnócratas del entorno del Ministro de la Presidencia -Antonio Lacayo. Las nuevas medidas (conocidas como el Plan Lacayo) fueron anunciadas el 3 de marzo de 1991. Éstas eran una continuación de las medidas neoliberales implementadas anteriormente, pero mantenían un carácter menos confrontativo, posibilitando un mayor espacio de negociación para con los actores sociales y económicos domésticos. Con todo, en marzo de 1991 se realizó una devaluación del 400%, se retomó el programa de privatizaciones, y se restringió nuevamente la capacidad de demanda. Frente este nuevo embate neoliberal, las centrales sindicales realizaron nuevas movilizaciones obligando al gobierno a establecer nuevamente negociaciones. De la segunda ronda negociadora -la Concertación II-, llevada a cabo en los meses de mayo-agosto de 1991, surgió el compromiso de otorgar el 25% de las empresas afectadas a los trabajadores. En base a la Concertación II y al clima de “relativa paz social”, el gobierno consiguió un notable flujo de financiamiento exterior con el que pudo reducir la inflación al 3´5% y contener el déficit fiscal. El precio de este éxito, sin embargo, fue el aumento acelerado y progresivo del desempleo3. El impacto de dichas políticas en la economía productiva también fue desolador. La combinación de las restricciones de crédito, las devaluaciones y el desmantelamiento de las tarifas arancelarias (que pasaron del 43% en 1990 al 15% en 1992) devastaron el sector industrial, generando una pérdida del 26% del empleo en 1991 (Neira & Acevedo, 1992:93). En cuanto al sector agrario, la restricción del crédito agrícola y la confusión sobre los títulos de propiedad -tal como observaremos posteriormenteinhibieron la inversión; a la vez que la supresión del monopolio estatal de granos básicos y la depreciación de estos productos conllevaron el desaliento y, posteriormente, la quiebra de numerosos pequeños productores (Spoor, 1944:527-529; PNUD, 1994:15). Así, estas políticas económicas, contra lo esperado, no sólo sacudieron a los estratos económicamente más débiles, sino también a buena parte de la élite económica tradicional que, en boca del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nicaragua, Alberto Chamorro, criticó los efectos de las nuevas medidas aduciendo que “si bien los resultados del programa de ajuste fueron excelentes en términos de abatir la hiperinflación, no dieron resultado alguno en términos de estimular la reactivación de los sectores productivos (...) conllevando consecuencias indeseables como el estancamiento económico y el aumento de la pobreza”. En cuanto a las políticas sociales (en congruencia con las medidas macroeconómicas descritas), éstas cambiaron radicalmente de orientación respecto a la administración sandinista. Como muestra de ello observaremos brevemente las tres áreas más significativas: los servicios sociales, la educación y la sanidad. En todas estas áreas se observaron recortes en los presupuestos y cambios sustantanciales en el diseño de los programas. En consecuencia, durante el primer lustro de la década de los noventa fueron observándose una progresiva desprotección de los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial los niños, la gente mayor, las mujeres y los colectivos con menos recursos. La área que más cambios sufrió fue la de los servicios sociales: el ministerio que hasta entonces los proveía y administraba fue reduciendo sus prestaciones hasta desaparecer en enero de 1995, para ser reemplazado por diversas agencias. Si bien a inicios del período gubernamental se anunció un cierto continuismo, en 1992, con la sustitución Silviano Matamoros por Silviano Rizo al frente del Ministerio, se rechazó el legado de la década sandinista. El ministro entrante justificó las nuevas directrices aduciendo4: En los ochenta la Seguridad Social fue diseñada para una sociedad totalitaria (...) en la que las diferencias y características de los individuos se olvidaban y, en su lugar, se utilizaba el concepto de clase (...) la Seguridad Social se diseñó para un Estado paternalista que pretendía cubrir y dar respuesta a todo. De esta forma, en sustitución del antiguo ministerio y del Instituto Nicaraguense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI) se creó el Ministerio de Acción Social (MAS) y el Fondo Nicaraguense de la Niñez y la Familia (FONIF). Dicho cambio no sólo tuvo naturaleza administrativa, sino también una notable trascendencia política ya que el Estado pasó a percibir de forma restrictiva las políticas de prestación de servicios sociales. La temporalidad de los nuevos proyectos y su débil dotación presupuestaria transformaron las instituciones de prestación de servicios en agencias de emergencia social sin interés ni compromiso en articular estrategias para la creación de un estado de bienestar (Kampwrirth, 1995). Respecto a la educación -uno de los sectores prioritarios durante la administración sandinistase observó un cambio dramático en lo que se refiere a los valores. En primer lugar, se sustituyeron todos los libros de texto de primaria y secundaria5; los nuevos textos -si bien tenían un carácter menos partisano que en la década anteriorretomaron valores tradicionales y conformistas respecto a las cuestiones generacionales, de clase y de género, a la vez que mantenían una línea educativa confesional (Arnove, 1995:99-119). También cambió el énfasis que anteriormente se había otorgado a la participación de los docentes en la elaboración de programas y diseños curriculares. El nuevo Ministerio de Educación (MED) rechazó la posibilidad de que los docentes, representados en el sindicato Asociación Nacional de Docentes de Nicaragua (ANDEN), participaran en la elaboración de los contenidos de los nuevos programas. En 1993, cuando el MED desarrolló una estructura administrativa regional y local para que la sociedad civil participara en las decisiones educativas, marginó la representación de la central sindical de docentes e incorporó representantes de la Iglesia Católica. Otro aspecto de la nueva política educativa fue la fuerte reducción de las partidas presupuestarias. El recorte presupuestario de los centros de primaria y secundaria se realizó en base a otorgarles autonomía -hecho que supuso la financiación parcial de éstos y el aumento de las cuotas de matrícula. En cuanto a la educación universitaria se generó un cruento debate por la exigencia de los estudiantes al cumplimiento de la cláusula constitucional que dice otorgar el 6% del PIB a la educación superior. Las propuestas para anularla o incumplirla conllevaron múltiples manifestaciones y enfrentamientos entre los estudiantes y los cuerpos de seguridad -entre las que destacaron las realizadas en junio y julio de 1992 y en diciembre de 1995 (donde los enfrentamientos entre este colectivo y la Policía Nacional se cobraron la muerte de un estudiante y varios heridos). Finalmente, en cuanto a la política sanitaria, los cambios empezaron a inicios de 1991 con la subida de los precios de las prestaciones y con la descentralización de los servicios (con la creación de los Sistemas Locales de Atención Integral de la Salud y los consejos de administración de los hospitales). La nueva política, si bien teóricamente pretendía acercar los servicios al usuario, en realidad, simplemente redujo la dotación económica de los centros6. Consecuencia de ello los servicios de salud se deterioraron progresivamente obviando la incapacidad de atender a una población en aumento. De esta forma, en los noventa, la mortalidad infantil creció -contrariamente a la década anterior- y se expandieron enfermedades como la malaria, el dengue, el tifus, la fiebre amarilla y el cólera, que durante los ochenta habían sido prácticamente erradicadas (Envío, 1993/12:15). Por otro lado, el otro gran tema de la administración Chamorro fue la cuestión de la propiedad. Con la derrota electoral de los sandinistas, muchos de los antiguos propietarios percibieron la posibilidad de obtener nuevamente sus tierras, a la vez que los beneficiarios de la Reforma Agraria -sandinistas o nomantenían la determinación de quedarse en las tierras que trabajaron durante casi una década. Para complicar el ya enredado paisaje, el gobierno entrante prometió tierra a los antiguos combatientes de ambos frentes -del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense, creando así nuevas expectativas (Envío, 1992/133). Este choque de pretensiones sobre la propiedad de la tierra supuso uno de los conflictos más complejos de la Nicaragua contemporánea. Según diversos cálculos, en 1990, alrededor del 40% de las tierras de Nicaragua estaban en litigio. Dicho conflicto enfrentó a gente de todos los estratos sociales y políticos: gente de bajos recursos contra acaudalados terratenientes; colectivos pobres de diferentes sensibilidades políticas; y la élite tradicional contra la reciente élite nacida bajo el régimen sandinista. Así pues, la extensa red de actores sociales y políticos presentes en el conflicto de la tierra en Nicaragua supuso un nudo gordiano donde todo el mundo estaba implicado: las centrales sindicales sandinistas (ATC y CST -posteriormente organizadas en el Frente Nacional de Trabajadores -la FNT-), diversos gremios de agricultores y ganaderos (UNAG, UPANIC), el Movimiento Comunal (MC), las organizaciones de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense, la patronal (COSEP), y las élites nicaragüenses afincadas en Nicaragua y en Miami. A nivel internacional, merece la pena mencionar el rol ejercido por el Congreso, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos7 y por las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). De esta forma, el conflicto de la propiedad significó una batalla en la que desfilaron todos los actores nacionales y un notable número de actores internacionales. La resolución de dicho conflicto, sin embargo, también estuvo condicionada por las políticas económicas implementadas desde el ejecutivo, conllevando muchas veces, la venta de tierras por parte de antiguos beneficiarios (Butler et al., 1995:20-21). Este conflicto supuso la permanente inestabilidad económica y sociopolítica del país. Con todo, su desenlace pareció irse tejiendo en base al compromiso -producto de la incapacidad de ningún actor a imponer su voluntad sobre el resto. A pesar de ello, el resultado parcial induce a pensar que los antiguos propietarios recibieron una significativa parte de sus antiguas propiedades a través de privatizaciones, negociaciones, invasiones y, en algunos casos, por el fallo de los tribunales. Entre éstos, los nacionalizados norteamericanos (en el transcurso de la década de los ochenta) resolvieron mayoritariamente sus litigios de forma favorable -debido, en parte, a la presión ejercida por la embajada norteamericana. Por otro lado, los sectores populares beneficiarios de la Reforma Agraria fueron perdiendo entre un 14% y un 20% de sus propiedades mediante devoluciones y, en algunos casos, debido a ventas forzadas. El proceso de titulación de propiedades, sin embargo, está aún en sus inicios8 y muchos pequeños y humildes propietarios están bajo peligro de perder su tierra a menos que los bancos privados otorguen más crédito y en mejores condiciones (Tablas 1 y 2). Como es común en circunstancias como las descritas (caracterizadas por la confusión) diversos colectivos con acceso al poder cometieron abusos. Frente a ello, la administración Chamorro no realizó ningún tipo de fiscalización. No se llevó a cabo ninguna revisión a la forma desordenada y abusiva en que los sandinistas adjudicaron la propiedad de tierras y recursos en el interregno de febrero-abril de 1990 (lo que se calificó como la piñata sandinista). Y menor aún ha sido el control hacia ciertos sectores vinculados al gobierno chamorro - quienes utilizaron el proceso de privatizaciones para enriquecerse (y algunos sectores de la sociedad nicaragüense empezaron a calificar este fenómeno como la segunda piñata o la piñata de los lacayos). Después de este breve análisis de las políticas socioeconómicas del ejecutivo Chamorro y del conflicto sobre la propiedad, podemos sostener la clara disposición de la administración post-sandinista de redefinir en profundidad los roles del Estado en los procesos de acumulación y redistribución del excedente. La remercantilización de las parcelas de producción pública y de los procesos de consumo de bienes y servicios básicos prefiguran un nuevo tipo de Estado (con notable implantación en la América Latina de los noventa) que residualiza sus funciones de bienestar y se convierte en habilitador de nuevos beneficios para los sectores económicos dominantes (Gomá, 1994:15) -siendo las grandes firmas comerciales y financieras los beneficiarios netos del nuevo modelo en Nicaragua. Paradójicamente a esta situación de precarización del tejido social de la mayor parte de la población, las élites políticas -a pesar de las recomendaciones de diversas instituciones nacionales e internacionalesno desarrollaron esfuerzo alguno para esbozar proyectos políticos y socioeconómicos alternativos (Envío, 1994/151:3-12). Contrariamente a ello, la dirección del FSLN fue enzarzándose en un enfrentamiento partidario en el que se priorizaron las rencillas personales. En oposición a esta inoperatividad de las élites, en los colectivos populares se fueron revitalizando dinámicas de solidaridad en reacción a la ofensiva neoliberal. B. REACTIVACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR Ya es un lugar común de las investigaciones sobre transiciones hacia regímenes democráticos señalar la centralidad de los acuerdos intra-elitarios (Higley & Gunter, 1992; Karl & Schmitter, 1991; Mainwaring & Scull, 1995; O´Donell, Schmitter & Whitehead, 1986). Evidentemente, este fenómeno también aconteció -aunque con notables especificitades- en Nicaragua durante el período inmediatamente anterior y posterior a las elecciones de febrero de 1990. Así en el marco de las negociaciones (que terminaron con la firma del Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo) las élites sandinistas y contrarrevolucionarias - anteriormente enfrentadas en un conflicto bélicoconsiguieron articular un entramado institucional en el que dirimir sus intereses. En contra de esa actitud, el grupo liderado por Sergio Ramírez y Dora María Téllez, caracterizado por su estrategia negociadora para con el gobierno, argumentó que una oposición frontal sólo favorecería a la derecha y ahondaría la polarización política en que estaba sumergiéndose el país. En la dirección expuesta, a inicios de 1994, empezó a cristalizar una corriente que se dio a conocer con un texto llamado Por un sandinismo que vuelva a las Mayorías donde se enfatizaba la naturaleza pluriclasista del partido, la necesidad de mayor transparencia partidaria, la urgencia de un amplio consenso social para crear un clima de estabilidad, y un mayor realismo en la esfera internacional. Esta propuesta, según Ramírez, se basaba en (BI, IV-1994:19): Proponer al FSLN y a la sociedad nicaragüense un partido transformado, renovado y asentado en bases verdaderamente democráticas en su funcionamiento interno. A la vez, Dora María Téllez increpó al FSLN respecto a la necesidad de adecuarse al nuevo contexto y de mantener espacios de diálogo en el seno de la organización (El Semanario, 1991/20): Si no toleramos la posición de un sandinista dentro de nuestra organización, cómo vamos a actuar frente a la población que no lo es. Las dos propuestas de debate, si bien surgían de una diferente percepción de la realidad nicaragüense, se situaban en una doble dimensión: debatir las estrategias del FSLN durante los noventa, y marcar una postura de fuerza con vistas al Congreso extraordinario del FSLN que se celebraría en mayo de 1994. El Congreso extraordinario del FSLN de 1994 tenía como objetivo la elección de un nuevo liderazgo, debatir temas cruciales de la actualidad nacional, y la dinamización del partido para las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y para la composición del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), de octubre de 1996. En Realidad, durante el Congreso, sólo se llevó a cabo el primero de los objetivos -la renovación del liderazgo- y ello a precio de agudizar las divisiones internas ya existentes. Los temas a debatir en las sesiones plenarias (la cuestión de la propiedad, la relación del FSLN con el gobierno, la composición social del FSLN, la cuestión campesina y las relaciones internacionales) quedaron relegados a un segundo plano. El eje central de todo el Congreso fue la lucha por los puestos de responsabilidad en la organización partidaria. La correlación resultante favoreció a la Izquierda Democrática - apoyada por el aparato partidario liderado por Daniel Ortegafrente a la propuesta de las Mayorías encabezada por Sergio Ramírez16. Así, después del Congreso Extraordinario del FSLN los conflictos entre los diversos sectores del sandinismo fueron incrementándose. De mayo a diciembre de 1994 se observaron agrias disputas en el seno del FSLN y, particularmente, en el interior del grupo parlamentario hasta que finalmente se dividió. El 10 de septiembre Sergio Ramírez constituyó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) como corriente dentro del FSLN. En medio de este conflicto, algunos cuadros sandinistas abandonaron su militancia. Entre los casos más destacados figuró la renuncia -durante la misma celebración del Congreso extraordinario del FSLN- de Carlos Tünnerman, quien denunció que “algunos dirigentes siguen llevando estilos de vida que contrastan con la miseria del pueblo” (El Semanario, 1991/20). Posteriormente, Ernesto Cardenal, sacerdote y poeta -quien fuera Ministro de Cultura durante el gobierno sandinistatambién revocó su militancia de las estructuras del FSLN declarando públicamente: Continúo siendo sandinista y revolucionario con los ideales de Sandino y de la Revolución de antes, y también siendo marxista y cristiano (...) Mi renuncia al actual FSLN es debido al secuestro que ha hecho Daniel Ortega y el grupo que él encabeza... La división formal del FSLN se consumó el 8 de enero de 1995, cuando Sergio Ramírez renunció formalmente a su militancia después de que Radio Ya - una emisora de radio perteneciente al FSLN- se entrometiera en la vida privada de su familia en un conocido programa de cohecho. Junto a Ramírez renunciaron tres miembros de la Dirección Nacional (Luís Carrión, Dora María Téllez y Mirna Cunningham). Cinco meses más tarde, el 21 de mayo de 1995, se constituiría el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) como partido con personalidad jurídica propia e independiente del FSLN17. A la luz de lo acontecido cabe preguntarse si este confuso paisaje (donde se cruzaron acusaciones y denuncias entre diversos dirigentes sandinistas) fue el incipiente reflejo de dos proyectos políticos claramente diferenciados o si solamente se trató del conocido fenómeno de incompatibilidades de liderazgo. En todo caso pareciera que después de una etapa de confluencia de la izquierda centroamericana -tal como sucedió con el FSLN a finales de los setenta, o con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a principios de los ochenta- en los noventa diera comienzo otra etapa de naturaleza centrífuga. Respecto al resto de partidos políticos presentes en Nicaragua, desde que se aprobó la vigente legislación ya han sido legalizados treinta y dos formaciones18. Con ello podemos hablar, al menos en relación con el resto del área centroamericana, de abundancia de la oferta -casi de overbooking. El que ello sea así tiene su razón en la generosa legislación y, con ella, los derechos de antena y financiación para la campaña electoral, además de la histórica tendencia al fraccionamiento de las tradicionales familias políticas nicaragüenses (González, 1993). Así, desde las anteriores elecciones de febrero de 1990, poco se ha avanzado en términos de racionalización del espectro partidario. Las cuatro familias ideológicas que en su momento constituyeron la coalición Unión Nacional Opositora (UNO) (liberales, conservadores, socialdemócratas, democristianos -a las que hay que sumar el Partido Socialista y Comunista de Nicaragua) siguieron escindidas en diversas organizaciones sin que las tentativas de unificación hubieran progresado; bien al contrario, mientras se acercaban las elecciones de octubre de 1996 iban surgiendo formaciones políticas de nuevo cuño -de carácter populista como la etérea formación Arriba Nicaragua; de lanzamiento de los tecnócratas que estuvieron gestionando la administración durante el período de Violeta de Chamorro a partir de la formación del Proyecto Nacional (PRONAL) liderado por el ex-Ministro de la Presidencia y yerno de la Presidenta, Antonio Lacayo-; de carácter religioso, como la formación evangélica Camino Cristiano Nicaragüense; o de carácter sectorial como el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) que pretende aglutinar el apoyo del campesinado de las zonas del interior que conformaron la base social de la Contrarrevolución aun a pesar de sus múltiples escisiones. A la vez, tampoco se reforzaron las identidades partidarias ni la estructura organizativa de las formaciones políticas tradicionales; formaciones que, por otro lado, resultan escasamente adecuadas como instrumentos de comunicación, expresión y manifestación de intereses. Como dijo Ramiro Gurdián, empresario y dirigente del COSEP (El Semanario, en González, 1993): A los catorce partidos (los que conformaron la coalición de la UNO) yo los veo como carritos cochones de esos que hay en los parques de feria, y que chocan entre sí de manera desordenada y loca. De esta forma, la dinámica más notoria de los partidos que conformaron la coalición de la UNO fue, durante todo el período de la administración Chamorro, sus continuas disputas y rencillas, siendo el único eje aglutinador su mayor o menor rechazo hacia el sandinismo. En base a ello, a lo largo de los años, se fueron articulando coaliciones de naturaleza muy cambiante según los acontecimiento. Sí cabe destacar, sin embargo, la importancia que tuvo en la articulación y consolidación de algunos partidos su posición institucional. En esta dirección, los partidos que usufructuaron sustanciosas cuotas de poder en alguna institución pudieron crear una red de lealtades en base a prebendas y cargos, a la vez que tuvieron la capacidad de presentar candidatos con proyección pública. El caso más paradigmático del fenómeno expuesto fue la figura del alcalde de Managua, el abogado Arnoldo Alemán19, y su formación -el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)- que, desde mediados de 1995, articuló bajo su liderazgo una alianza electoral con el nombre de Alianza Liberal -a pesar de que en ella no se integraron la totalidad de las formaciones políticas liberales y de que no todos los miembros se definían como tales (destacando la presencia de miembros conservadores y de la antigua Resistencia Nicaragüense). D. DEBILIDAD INSTITUCIONAL Muchas veces se han comparado las instituciones con los recipientes que contienen una determinada sustancia. Utilizando esta metáfora (independientemente de la importancia que le demos a la sustancia depositada) las instituciones aparecen como un eje fundamental sobre el que se asienta cualquier comunidad organizada políticamente y, por ello, la solidez del recipiente deviene un elemento básico para la consolidación de un sistema político. En el caso que nos pertoca -tratándose de un país que lucha por la consolidación de un sistema democrático en un clima político altamente polarizadoel andamiaje institucional tiene una gran relevancia. La comprensión de los procesos de consolidación democrática, hasta ahora, ha sido menos lograda que los de liberalización o de transición hacia la democracia -de los que existe una nutrida bibliografía. Con todo, existe cierto consenso entre la comunidad académica de que un proceso de consolidación debe suponer: 1) la estabilización de un sistema de partidos y de un sistema de articulación de intereses basados en organizaciones de la sociedad civil; 2) la rotación de partidos en el poder; y una práctica regularizada y previsible de la política; 3) el hábito de respeto a la ley, y; 3) el establecimiento de un entramado de instituciones que posibiliten procesar demandas sin necesidad de recurrir a la violencia (O’Donnell, 1992:46). En Nicaragua, hasta la actualidad, la posibilidad de un proceso de consolidación democrática parece obstaculizado por los continuos sobresaltos que transgreden sucesivamente las premisas arriba expuestas. El resultado de ello ha sido un lustro caracterizado por la incoherencia institucional, una débil administración que iba realizando políticas a remolque de los acontecimientos, y una élite política incapaz de crear el consenso necesario para la cristalización de un marco político estable. Ejemplo de ello fue que a la Presidenta, elegida por 51 parlamentarios, le fue prácticamente imposible mantener una mayoría estable en la Asamblea Nacional y tuvo que recurrir progresivamente al procedimiento de Decreto Presidencial para llevar a cabo las políticas de su administración; y que la Asamblea Nacional muchas veces no reunió el quorum necesario que establece la ley y, durante más de un año, un sector de la coalición que formó la UNO no llegó al Parlamento al no reconocerlo como legítimo representante del pueblo. El sistema judicial, por otro lado, también fue contestado por un sector de la UNO debido a los vínculos que aún mantenía con el sandinismo y por la proximidad de algunos magistrados al Ministro de la Presidencia. En medio de dicho caos institucional, la situación de desgobierno llegó a su punto máximo cuando, en la primavera de 1995, en el proceso de discusión y aprobación de las reformas constitucionales, diversas instituciones dieron como válidos y legítimos textos constitucionales diferentes. En este lamentable paisaje, Mariano Fiallos, el entonces Presidente del Consejo Supremo Electoral declaró (Envío, 1995/160): El enfrentamiento de los poderes del Estado ha provocado un grave daño al país. Ha demostrado la falta de voluntad política para asumir plenamente las responsabilidades que a cada quien le corresponden. El daño ya se ha causado. Hago una invocación para que recobremos la sensatez. Porqué pareciera que en Nicaragua todos la hemos perdido. En realidad, la agenda a que el gobierno tuvo que enfrentar a partir de 1990 fue realmente sobredimensionada debido al incipiente desarrollo del sistema político y de su andamiaje institucional; a la recurrentemente cuestionada legitimidad del sistema por un buen número de las fuerzas políticas; y por la fraccionalización del poder que emanó del proceso electoral. Y si bien con la llegada de la administración Chamorro ya se había desarrollado una incipiente experiencia política en el marco de las instituciones liberal-democráticas, dicha práctica se había conformado en base a la preeminencia del ejecutivo, la inferioridad del legislativo, la limitada independencia del Poder Judicial, y la ausencia de controles en la fiscalización de los recursos del Estado. Partiendo de estas premisas, respecto a la evolución de la dinámica institucional a partir de 1990, podríamos distinguir dos fases. Una primera, donde el gobierno, el FSLN, los partidos de la UNO, los actores socio-económicos, y los Estados Unidos, lucharon entre sí con el fin de obtener cierta preeminencia en el juego político, pero sin voluntad de solidificar un marco institucional donde dirimir los conflictos. Producto de ello fue la resolución ad hoc de los conflictos sociales y políticos que se iban presentando -aun a precio de ahondar el desacuerdo respecto a las reglas del juego político. A finales de ese período, en septiembre de 1993, existían dos propuestas políticas en pos de resolver dicha situación de recurrente inestabilidad institucional: una, reformar la Constitución de 1987, y otra, convocar elecciones para crear una Asamblea Constituyente con el fin de redactar una nueva Ley Fundamental (Butler et al., 1995:13). La segunda fase (de septiembre de 1993 a septiembre de 1995) representó la victoria de la opción reformadora. A partir de entonces el conflicto versó sobre el número de artículos a reformar y su nuevo contenido. Con la aprobación de las reformas a la Constitución, la Asamblea Nacional asertó un duro golpe al ejecutivo y, más concretamente a las pretensiones políticas de Antonio Lacayo. El grupo parlamentario sandinista, entonces liderado por Sergio Ramírez, propuso la reforma del texto constitucional con el fin de dar término a la crónica crisis institucional y de reforzar las débiles instituciones del Estado. A la vez, la reforma pretendía limitar el poder del ejecutivo y acercar las posiciones de los diputados del FSLN con los de algunos partidos que conformaron la UNO y que se habían ido distanciando de la administración Chamorro. Las reformas se ratificaron en octubre de 1994 y, otra vez, en febrero de 1995, con la aprobación de más del 60% del total de diputados. A pesar de ello, la Presidenta rechazó su promulgación aduciendo irregularidades en el procedimiento. Con independencia del veto presidencial, Luís Humberto Guzmán, el Presidente a la Asamblea Nacional, las publicó en la gaceta de la Asamblea Nacional y en los periódicos de ámbito nacional. De esta forma, después de la aprobación de las reformas, el ejecutivo continuó reconociendo la Constitución de 1987 como legítima, a la vez que la Asamblea Nacional reconocía la versión reformada, produciendo una parálisis institucional sin parangón. La resolución de ésta confusión constitucional fue producto de diez días de intensas negociaciones entre representantes de los poderes legislativo y ejecutivo -mediados por el Cardenal Obando y Bravo. Con todo, el elemento decisivo en dicha crisis fue la posición de la comunidad internacional que, hasta la fecha, había apoyado incondicionalmente a la administración Chamorro20. El compromiso entre ambas partes llegó el 30 de junio de 1995 -antes del encuentro bilateral con los acreedores para renegociar la deudacon el establecimiento de una Ley Marco a partir de la cual el ejecutivo pudo rehacer parte del poder que las reformas constitucionales le sustraían21. La reforma constitucional, por otro lado, fue ampliamente aceptada por los diferentes sectores de la sociedad, ya que ésta suponía el fin de la preeminencia del poder ejecutivo, remediando así el excesivo presidencialismo de la Constitución de 198722. Las alteraciones más significativas respecto al anterior texto fueron las que versaban sobre el proceso de selección del Presidente de la República y sobre las competencias de la Asamblea Nacional. Respecto al Presidente de la República, se prohibió la posibilidad de su reelección inmediata y se limitó el período de ocupación de la máxima magistratura a dos períodos. También se estableció la prohibición de que familiares próximos (cuatro grados de consanguinidad) al Presidente pudieran concurrir en un proceso electoral - intentando cerrar el paso a las pretensiones presidenciales del Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo (yerno de la Presidenta). El procedimiento electoral también sufrió modificaciones debido a la introducción de una segunda vuelta si ningún candidato obtuviera el 45% o más de los votos válidos. En cuanto a la Asamblea Nacional, destacó su nuevo rol en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos del Estado y en la fiscalización de las cargas tributarias (imposibilitando al Presidente dictar unilateralmente decretos en materia fiscal). También cabe destacar la centralidad del legislativo en el proceso de aprobación, modificación y rechazo de los decretos de Estado de Emergencia emanados del ejecutivo, y autorización del uso de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional. De esta manera, la reforma estableció un cambio en la gravitación del poder entre las instituciones del Estado. Este hecho conllevó una mayor independencia de los diversos poderes, balanceando así el paisaje institucional que anteriormente daba una desproporcionada hegemonía al ejecutivo. A pesar de ello, el funcionamiento real del nuevo entramado institucional dependerá de la capacidad de abrir canales de comunicación entre los diversos poderes, de establecer mecanismos y hábitos de cooperación entre ellos, y de la habilidad de los diversos agentes políticos en el procesamiento de demandas e intereses. En resumen, después de múltiples conflictos, mucha ingeniería institucional y bastante confusión parece haberse establecido un “escenario institucional” extremadamente frágil. Y, en este sentido, para su consolidación será necesario realismo, voluntad de consenso y paciencia por parte de las élites. Ante esta situación, sin embargo, cabe preguntarse si serán compatibles los enredados “malabares” de las élites con los rigores y apremiantes demandas de la mayoría de la población. E. UN BOTÓN DE MUESTRA: LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DE 1996 En el año 1996 empezó a vislumbrarse el final de uno de los mandatos presidenciales y legislativos más largos del subcontinente -seis años y nueve meses- y, consecuencia de ello, todas las formaciones políticas activaron su parafernalia propagandística con el objetivo de ocupar un ventajoso lugar antes de que iniciara la campaña oficial. En consecuencia, la población nicaragüense fue recipiente de bellas consignas y lemas. Las formaciones políticas prometieron a la gente todas las demandas que, en su momento, le fueron denegadas u olvidadas. Contrariamente a esa actitud de complacencia y disposición partidaria, los responsables de garantizar la infraestructura técnica y el andamiaje institucional del proceso electoral (los diputados de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, CSE) no prestaron demasiada atención en preparar los inminentes comicios. Los dos pilares de la organización electoral -la ley electoral y el CSE (institución encargada de la organización y desarrollo del proceso)- fueron objeto de múltiples críticas. La ley electoral, transformada a raíz de la reforma de la Constitución de la República, se aprobó pocos meses antes de la celebración de las elecciones sin ningún tipo de consenso (hecho que ocasionó la dimisión de Mariano Fiallos, quien fuera Presidente del CSE durante las elecciones de 1984 y 1990). La nueva ley electoral -confeccionada en los ratos libres de los legisladores que discutían la ley de privatización de la empresa nacional de telecomunicaciones (INETEL)- se caracterizó por la excesiva politización de la administración electoral, su ambiguo tratamiento del registro electoral y por las múltiples vías que ofrecía a la impugnación de los resultados. El CSE, por su lado, permaneció inactivo hasta el mes de abril debido a la parálisis institucional que supuso la ausencia de Presidente (con la dimisión de Mariano Fiallos), la inexistencia de una ley que regulara los comicios, y la pasividad del ejecutivo. Dicha situación conllevó la rocambolesca circunstancia de que, a cinco meses de la celebración de las elecciones, el censo electoral no sólo estaba todavía incompleto, sino que adolecía de graves deficiencias. En ese sentido, uno de los mayores problemas fue la multiplicidad de vías -y su complejidadpara registrarse en el censo electoral. La vía más común, la ordinaria, suponía registrar al ciudadano a la par que se le otorga la cédula de identidad, yuxtaponiendo el proceso de confección del censo poblacional con el electoral. La vía extraordinaria o ad hoc (utilizada en las dos elecciones anteriores) suponía que los ciudadanos se inscribían en las administraciones electorales pertinentes -creadas de forma provisionalmostrando ciertos documentos personales (la licencia de conducir o el pasaporte) o, en su defecto, a través de su simple presencia con el aval de dos testigos idóneos23. La vía ad hoc fue la utilizada, por la escasez de tiempo y recursos, en 26 municipios de las zonas rurales del interior. Estos municipios comprendían casi la totalidad del territorio que desde 1990 estuvo viviendo bajo la presencia de los grupos de rearmados y que en la década de los ochenta fue el escenario de la guerra contrarrevolucionaria. En esta parte del país, al poco tiempo del desarme y de la desmovilización formal de la Resistencia Nicaragüense (generalmente conocida como Contra), resurgieron conflictos armados producto del retraso del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos; de las limitadas posibilidades de inserción en la vida laboral; y de ciertas dinámicas de revanchismo y ajuste de cuentas entre desmovilizados de la RN y del Ejército Popular Sandinista. Fruto de ello, las tomas de fincas y cooperativas, los secuestros a campesinos y productores, y las acciones extorsivas se fueron sucediendo. Esta área es la que, desde inicios de la década, se ha calificado como la de la frontera del conflicto24 debido a la presencia de colectivos armados que han desarrollado actividades de extorsión y “proselitismo armado”, tratando de persuadir a los residentes a votar a favor de una determinada opción -casi siempre a favor de Alemán- y, por tanto, negando la posibilidad de que, en ese espacio, se llevaran a cabo elecciones justas y libres. En el resto del país, a pesar del descrédito político que reinó durante todo el sexenio Chamorro, el proceso electoral levantó mucha expectación, a la vez que supuso una sobre-participación de formaciones políticas (más de 1% de los votantes inscritos eran candidatos a elección en alguno de los niveles). En esta dirección, si bien gran cantidad de estudios realizados señalaban un alto nivel de apatía, frustración y alienación de los ciudadanos para con la clase política y las instituciones25, el proceso electoral puso en evidencia otra variable susceptible de movilizar a los potenciales electores: la polarización política. Como señaló un informe (Butler et al., 1996:8): La división que dominó la vida política durante los 80 entre sandinistas y antisandinistas, aunque de forma diferente, aún prevalece seis años más tarde, oscureciendo el horizonte del futuro inmediato. La prevalencia de esta línea divisoria conduce a que los electores piensen que su candidato puede ganar y se sientan optimistas, pero también alimenta amplios temores de que los resultados de las elecciones den la victoria al candidato contrario y, con ello, traiga nuevos ciclos de inestabilidad y violencia política. De esta manera, mientras el cierre de campaña se aproximaba, se hacía cada vez más evidente que sólo existían dos opciones con posibilidad de ganar - el FSLN y Alianza Liberal- y que éstas se situaban en los dos polos del abanico político. Dichas organizaciones, capitaneadas por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, desarrollaron campañas totalmente distintas. La Alianza Liberal se centró en la figura de su líder y en un discurso antisandinista, hecho que tiene paralelismos con la coalición de catorce partidos (la UNO) que se presentó en los comicios de 1990; pues aunque la Alianza Liberal era mucho más coherente ideológicamente, ésta también se compuso de distintas formaciones políticas de diversa ideología (liberales, conservadores, contrarrevolucionarios, independientes...) y se centró en una candidatura personal fuerte, tal como lo mostró la tonadilla de su campaña: “El cambio viene... Alemán te conviene”. Por otro lado, el programa socio-económico de la propuesta liberal no se diferenciaba mucho a la del gobierno Chamorro. En todo caso, las discrepancias eran retóricas y, entre ellas, destacaba el fuerte rechazo al sandinismo. Con todo, posteriormente, diversos colectivos observaron con alarma el hecho de que, el 12 de agosto de 1996, Arnoldo Alemán se negara a firmar un documento, promovido por la vicepresidenta de la República Julia Mena, llamado “compromiso de Nicaragua con una agenda mínima nacional” en el que figuraban nueve directrices en materia de gobernabilidad, seguridad jurídica y lucha contra la pobreza en las que debía comprometerse el ejecutivo entrante con independencia de su adscripción partidaria26. El hecho de que todos los una mayor justicia social y una mayor representatividad. Y ello, inevitablemente, tiene que ver con la lucha, pero también con la creatividad y la imaginación. En este sentido, la activación de la sociedad civil observada en el segundo apartado puede interpretarse como una respuesta a la rigidez del sistema político y de los partidos para hacerse cargo de demandas -generadas por actores de adscripción popular- en pos de una democratización efectiva y cambio social. Así, cabe percibir el resurgimiento de ciertos colectivos organizados en demanda de intereses que afectan a sus derechos más elementales. Fenómeno que no es ajeno a la experiencia revolucionaria acaecida durante la década de los ochenta. En este sentido, la experiencia adquirida por parte de amplios sectores de la población nicaragüense durante la Revolución Sandinista (el cómo organizarse, reivindicar y expresar sus demandas y puntos de vista) forma parte de los beneficios intangibles del, cada vez más distante, proceso revolucionario. Tabla1 Tabla2 Tabla3 Tabla4 Tabla5 Cuadro1 NOTAS Este trabajo ha podido realizarse gracias al apoyo del Equip d’Estudis Polítics Centreamericans (EPCA) del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona y del proyecto otorgado por la Comisión Interministerial de Ciencias y Tecnología (CICYT) del Ministerio de Educación que gestiona el Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona (ICPS). 1.Tal como han expuesto muchos economistas, acdémicos y políticos, la recuperación macroeconómica se ha realizado en Ámerica Latina a costa del deteriodo de la mayoría de la población. Con el objetivo de lograr una mejor eficacia en la asignación de recursos, las reformas económicas a menudo han enfatizado el equilibrio presupustario de las instituciones, el control de la inflación, la estabilización monetaria, el desmantelamiento arancelario y la optimización de la furza de trabajo. Ante dicha situación ha ido acrecentándose una opinión pública contraria a los regímenes (que myoritariamente han sido fruto de elecciones libres) que han implementado las reformas (CEPAL, 1995; USAID, 1995). 2. Con la frima del pacto Concertación I, el primer intento de estabilización económica de la administración Chamorro finalizó con un balance pésimo: el año 1990 se saldó con una inflación del 13.000%, con un aumento del déficit fiscal, y con un estancamiento del PIB. 3. Los programas de creación de empleo y de emergencia social creados por el gobierno —la mayoría incluídos bajo el programa llamado Fondo de Inversión de Emergencia Social (FISE)- tuvieron un impacto muy limitado, y los programas auspiciados por las municipalidades fueron de pequeña envergadura, y la mayoría tuvieron un carácter clientelar debido a la discrecionalidad de los gobiernos locales (mayoritariamente en manos del sector radical de la UNO) en la adjudicación de las plazas (Enríquez et al., 1991; Vickers & Spencer, 1992). A consecuencia de estas políticas, la infrautilización de la fuerza de trabajo (el subempleo u el desempleo abierto) se incrementó del 32’5% de la población económica activa en 1988, al 53’6% en 1994 y al 65% en 1995 (Stahler-Sholk, 1995:4). 4. Extraído del texto “Exigencias y posibilidades de una reforma al sistema de Seguridad Social en Nicaragua” (Krampwirth, 1995:2-3). 5. Los libros de la asignatura “Cívica y Moral” fueron escritos, publicados y llegaron a las manos de los niños en el período de un año de la llegada de la UNO al poder gracias a una donación de 15 millones de dólares de la Agencia Americana de Desarrollo (USAID) (Arnove, 1995). 6. El factor más importante en política sanitaria ha sido la reducción del presupuesto. Es difícil hacer comparaciones a través del tiempo debido a la incorvertibilidad de la moneda nicaragüense en los años ochenta. No obstante, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que, en dólares constantes de 1988, el gasto público en salud pasó de 70 millones en 1980 a 132 en 1983; disminuyó a alrededor de 100 millones en el período 1984-1987; y a partir de 1989 cayó de nuevo para llegar a 72 millones en 1992. Posteriormente el presupuesto de salud ha ido decreciendo (Espinoza en Evans, 1995:232). 7. En septiembre de 1994, el entonces embajador de Estados Unidos en Managua, John Maisto, declaró delante de la comunidad de empresarios y banqueros nicaragüenses exiliados en Miami (Everningham & Roig, 1995:7): “La comunidad financiera internacional y los paises donantes perciben la resolución de los litigios de propiedades confiscadas como el problema más importante de Nicaragua. En base a ello vamos a estimular o a estancar la inversión privada”. Por otro lado, el Departamento de Estado, el congresista democrata Robert Torricelli y el senador republicano Jesse Helms presionaron en diversos momentos al gobierno de Violeta Chamorro en pos de la satifacción de las demandas de los ciudadanos norteamericanos bajo la amenaza de bloquear la ayuda financiera oficial (New York Times, 8-12-1994). 8. A mediados de 1995, menos de un 1% de la propiedades estaban jurídicamente aseguradas; en la misma fecha, los antiguos propietarios sólo habían cerrado negociaciones sobre la compensación de expropiaciones en 460 casos sobre 3.961; a la vez que 2.358 haciendas transferidas durante el período de transición estaban aún bajo investigación. 9. La introducción de la nueva moneda (uno de los ejes centrales del Plan Mayorga) se llevó a cabo a través de maxidevaluaciones que convirtieron la vieja moneda —el “córdoba chanchero”- en inútil, en tanto que la nueva, fijada a la paridad del dólar 10.Entre las razones por las cuáles no se consiguió ninguna consesión se baraja la absoluta inflexibilidad de las instituciones financieras internacionales, el éxito discursivo del gobierno de tildar de “políticas” cada una de las demamdas que proponían los sindicatos en pos de mantener el empleo, y el hecho de que el FSLN — o alguna institución próximano planteara un programa económico altenativo coherente en base el cuál las centrales sindicales pudieran combatir los argumentos de la administración. 11.En estos últimos años se ha observado una eclosión bibliográfica sobre los nuevos sujetos sociales o nuevos movimientos sociales en América Latina (Castells, 1983; CLACSO, 1990; Cohen & Arato, 1992; Foweraker, 1995; Slatter, 1991; Touraine, 1988, 1989). Lo novedoso en este amplio conjunto de actores a quienes la bibliografía tiende a representar como nuevos sujetos sociales no es los sujetos en sí —muchos de los cuales, como los colectivos indígenas, las mujeres o los pobladores, siempre han estado presentes en la realidad demográfica y socialsino su capacidad para expesarse de manera tendencialmente autónoma con el fin de demandar y dar a conocer sus propias perspectivas en los procesos políticos (Vilas, 1994:13- 149). 12.A inicios de 1992, después de las huelgas y movilizaciones realizadas por los cortadores de caña, Tomás Borge, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, pidió sensatez y respeto y declaró: “los sandinistas seríamos unos irresponsables si alentáramos la inestabilidad de este país”. En la misma línea, Daniel Ortega expuso: “somos enemigos del caos y la inestabilidad”. Durante todo ese período, el FSLN insistió en que la concertación era el instrumento fundamental de la lucha popular (Envío, 1992/125:6). Posteriormente, durante la huelga de los transportistas de septiembre de 1993 que afectó a todo el país, miembro de base del FSLN que participaron en la movilización se quejaron de ciertas actitudes del FSLN aduciendo: “el papel desorganizador de una línea del FSLN ha sido clara en la debilidad de los movimientos contestatarios para combatir al plan económico del gobierno” (Envío, 142). 13.Respecto al clima de desencanto entre la población, Fernando Cardenal, Ministro de Educcación en el gobierno sandinista, expuso un ejemplo (INIEP, 1994:21): “me contaba hace pocas semanas un compañero de una de las cooperativas con las que trabajamos, que había puesto en la casa comunal los documentos de debate interno del FSLN (el del Foro de la Izquierda Democrática y Por un sandinismo que vuelva a las Mayorías). Esta cooperativa es una de las más organizadas y sandinistas que conozco. Según este compañero, ninguno de los socios leyó los documentos... —Son cosas que no tienen nada que ver con nuestros problemas de conseguir cada día comida, salud, educación...- le dijeron”. 14.Del 22 al 29 de julio en Estelí, 150 rearmados bajo las siglas del FROC (Frente Obrero y Campesino) encabezados por el ex-Mayor del EPS, Víctor Manuel Gallegos —apodado Pedrito el Hondureño-, tomaron la ciudad de Estelí. Durante esos días se desarrollaron fuertes enfrentamientos entre el ejército y los ocupantes. Además de saqueos y robos, el conflicto terminó con un balance de 22 muertos (Envío, 1993/140:6-7; Pons, 1994). 15.La llamada crisis de los rehenes fue un doble secuestro realizado simultáneamente en Managua y Quilalí en agosto de 1993. El conflicto empezó en Quilalí donde, bajo el pretexto de que un grupo de recontras —el Frente Norte 3-80, liderado por José Angel Talavera, apodado el Chacalquería negociar su desmovilización, secuestraron a la comisión negociadora compuesta básicamente por sandinistas. Una vez consumado el secuestro en Quilalí el Frente Norte 3-80 pidió la dstitución del General Humberto Ortega como jefe de la Fuerzas Armadas. Al poco tiempo, un grupo de ex-militares de adscripción sandinista —llamado “Comando por la Dignidad y Soberanía”- secuestro a 36 personas, muchas de ells de Consejo Políticode la UNO, proponiendo un intercambio de rehenes (Envío, 1993/141). Este conflicto, posiblemente el más tenso del período del gobierno Chamorro, mostó la fragilidad del sistema político nicaraguense, el carácter violento de los enfrentamientos y la difícil consolidación de un sistema basado en el diálogo. En referencia a ello, Doris Tijerino, una de los cuadros sandinistas secuestrados en Quilalí, una vez en libertad declaró, dirigiédose al comando sandinista: “te agradezco mucho tu solidaridad, pero este método no era correcto, no se enmienda un error con otro error”. 16.Respecto a la modificación de los Estatutos, el FSLN siguió definiéndose como partido de vanguardias (por 243 votos sobre 122), también mantuvo las categorías militante y afiliado, y se amplió la Dirección Nacional a 15 miembros. La renovación de los cargos del partido fue, sin duda, la cuestión que más tensiones produjo. Los delegados elegidos en el anterior Congreso votaron mayoritariamente a la corriente de la Izquierda Democrática, que gozada del beneplácito del aparato partidario. Así, la nueva Dirección Nacional, que se amplió a 15 miembros, mostró una relación de 11 miembros para la Izquierda Democrática y 4 para la corriente de Las Mayorías —Sergio Ramírez, el líder de esta última corrinte, no fue reelegido. Respecto a la Asamblea Sandinista, máximo órgano deliberativo (según los estatutos) entre Congreso y Congreso, fue renovada en más de la mitad de los 135 componentes, siendo 3 de cada 4 vinculando a la corriente izquierda Democrática. Como nuevo Secretario General del Partido fue reelegido Daniel Ortega, con 287 votos, frente los 147 que obtuvo Henry Ruíz, candidato por la corriente de Las Mayorias. 17.Respecto a la escisión del FSLN cabe dirigirse al trabajo monográfico realizado sobre el tema: (López Castellano, 1996). 18.Los cinco últimos partidos, el Movimiento de Eenovación Sandinista (MRS), el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN), el partido Arriba Nicaragua, el Partido Liberal Nacionalista (PRONAL), se legalizaron en febrero de 1996 por el Consejo Supremo Electoral. 19.El que fuera alcade de Managua desde 1990 hasta 1995 fue proyectando una imagen populista, a la vez que agresivamente antisandinista. Su discurso directo y su gestión en el gobierno local capitalino hicieron que su figura alcanzara notables cuotas de popularidad. Fruto de ello, un sondeo de opinión realizado en 1995 por la empresa M. & Roll otorgaba a Arnoldo Alemán un 56% de aceptación como futuro Presidente de la República, frente a un 48% para Sergio Ramírez, un 40% para Daniel Ortega y un 32% para Antonio Lacayo; a la vez que le auguraban un triunfo en una disputa candidato a candidato para la Presidencia de la República (Semanario, 1994/172:10-11). 20.Entre los presentes figuraban importantes donantes bilaterales (en particular los Estados Unidos y los paises nórdicos) que estaban de acuerdo con las reeformas en tanto que éstas ofrecían mayores medidas de fiscalización de la asistencia económica internacional, a la vez que observaban necesario la existencia de un marco político estable y consensuando antes la renegociación de la deuda en la conferencia de instituciones donantes que se celebraría ese año en París. 21.La ley 199 fue aprobada por el 60% de los votos y, junto a ello, la Presidenta declaró que el acuerdo alcanzado entre las dos instituciones del Estado eran un compromiso firme en pos de la az y la demorcacia. 22.Para un análisis de la Constitución de 1987 cabe dirigirse a: (Vintró, 1987). Respecto a las reformas posteriores ver: (Vintró y Gerpe, 1996). 23.Para una detallada descripción de la preparación del proceso electoral y su coyuntura ver: (Butler et al., 1996). 24.Es en dicha zona donde —según un estudio realizado por el Programa para el Desarrollo de la Naciones Unidas (PNUD)- más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, y aún persisten diversas bandas armadas (con un total de unos 600 individuos según informes de 1995 del Ejército Nacional y de la Comosión Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA). Desde 1990 hasta 1995 el impacto de la actividad armada ha sido la muerteviolenta de una persona cada dos días y la subsiguiente inseguridad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad social o económica. Consecuencia de lo expuesto, toda lealtad o referencia hacia una autoridad institucional en la zona Norte-Central de Nicaragua ha desaparecido creándose un vacuum de poder del que han surgido siniestros señores de guerra que se comportan como señores feudales, manteniendo un dominio del terror. En dichas áreas la única pesencia del Estado son los esclaves en que se mantiene el Ejército Nacional (anteriormente Ejército Popular Sandinista) —presencia que, debido al anterior conflicto, se observan hostil por buena parte de la población. Las únicas instituciones respetadas por los pobladores antes del proceso electoral de octubre de 1996 son la Iglesia Católica y la CIAV-OEA —organización encargada de la desmovilización y posterior inserción de la Resistencia Nicaragüense. 25.En 1995 los nicaragüenses no sólo se sentían desilusionados con la economía y la administración, sino que también existía un notable cinismo para con los políticos y un fuerte desinterés hacia las instituciones. Como ejemplo de ello, en diversas encuestas realizadas a lo largo de 1996, sólo el 12% consideraba buena la labor del legislativo, mientras que un 49% la consideraba mala. Casi con los mismos términos, otra encuesta señaló que el 64% la consideraba mala. Casi con los mismos términos, otra encuesta señaló que el 64% de nicaragüenses pensaban que el sistema de justicia beneficiaba a los ricos y poderosos, mientras que sólo el 7% creía que la justicia se aplicaba igual para todos (IIAL en Butler et el., 1996:10). 26.Los puntos que contenían la “agenda mínima” eran nueve: 1) la gobernabilidad; 2) la lucha contra la corrupción; 3) la protección ciudadana; 4) el impulso políticas coherentes y eficaces para la recuperación de la productividad; 5) la mejora de la calidad de vida de todos los nicaragüenses; 6) el desarrollo humano; 7) la preservación del medio ambiente; 8) el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza; y 9) garantizar el diálogo y la participación ciudadana (Nuevo Diario, 7-8-1996). 27.En el ámbito municipal los candidatos tuvieron cierta autonomía para diseñar su campaña. Ese fue el caso de la campaña para la alcaldía de Managua donde —a pesar de las reticencias de la dirigencia sandinistael candidato Carlos Guadamuz desarrolló un discurso radical y beligerante. 28.Para ver un amplio trabajo de análisis de la campaña electoral, los resultados electorales y la coyuntura producto de la elecciones de noviembre, ver (Evío, 1996/176-177). BIBLIOGRAFÍA ARNOVE: La educación como terreno de conflicto. Managua, UCA, 1995. BUTLER et al.: Contesting Everything, Winning Nothing. The Search for Consensus in Nicaragua, 1990-1995. Cambridge, MA, Hemisphere Initiatives, 1995.